El Congreso de Estados Unidos, gracias a la mayoría republicana, aprobó la extensión por seis meses de las preferencias comerciales del ATPDEA. Con esta desición se aplaza más no se resulve los problemas de acceso de las exportaciones colombianas al mercado estadounidense. Colombia espera que estos queden resueltos con la aprobación del TLC por los Congresos de ambos países, de lo cual no hay ninguna garantía. Como bien se sabe el año entrante el Congreso americano va a estar controlado por los Demócratas, quienes se han mostrado en contra de los TLC y de las preferencias comerciales, ya que impulsan el traslado de empresas a los países con salarios más bajos, lo que afecta el empleo en Estados Unidos. El Congreso Colombiano tampoco lo puede aprobar, sin tener una señal clara de que el legislativo estadounidense procedera de igual forma.
Se comenta que el Congreso americano prodria aprobar el TLC exigiendo nuevas obligaciones a Colombia, por ejemplo, un mayor acceso a los productos agricolas o lo que sería mas grave, una mayor protección a los derechos de propiedad intelectual mediante el patentamiento de los segundos usos, de las plantas y/o de los animales. Hay que recordar que en la anterior extensión del ATPA, Colombia tuvo que expedir el Decreto 2085/02 sobre protección a la información no divulgada para los productos farmaceúticos, lo que causó el descontento de la indutria farmaceútica nacional. Nos debemos de dar por bien servidos, entonces, si las exigencias son las relacionadas con la protección a los derechos de los trabajadores y al medio ambiente, pues son obligaciones ya contempladas en la legislación colombiana, temas sobre las cuales Estados Unidos no es un ejemplo de cumplimiento, pues poco protegen los derechos de los trabajadores, especialmente, los de los inmigrantes y el medio ambiente, pues no han adherido al Convenio de Kyoto, incumplimientos que les permite ser competitivos con muchos productos en el mercado internacional, precisamente de lo que no quieren que se beneficien otros países.
lunes, 8 de enero de 2007
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